Otra ley para castigar a conductores ebrios tramitará el Congreso
Foto Archivo.
En nuevo proyecto de ley que pretende imponer arresto de 30 días por conducir en estado de embriaguez, será tramitado esta semana en la Cámara de Representantes.
La iniciativa pretende, además, eliminar beneficios para los conductores ebrios que causen heridos o muertos, como la casa por cárcel.
El solo hecho de conducir en estado de alicoramiento, se castigará con arresto de entre ocho y 30 días, y quien sea condenado por cometer homicidio manejando borracho pagará su pena en un centro carcelario y no en su residencia, como ocurre hoy en día, indicó el coordinador de ponentes de la iniciativa, Miguel Gómez Martínez.
Subryó que el aumento de las penas para quienes conduciendo alicorados maten a otra persona dependerá de si el homicidio es calificado como culposo o doloso.
En el caso del homicidio culposo, la pena no seria inferior a 5 años de cárcel y si es doloso, estaría entre 7 y 15 años.
Se recuerda que el pasado 6 de abril se hundió en el congreso un proyecto de ley de autoria del senador de ‘la U’ Roy Barreras que castigaba a los conductores ebrios que causaran muertes.
Los parlamentarios no lo respaldaron pr el hecho de declaraba la muerte política para los funcionarios y miembros de corporaciones públicas que incurrieran en esta conducta.
CURA BORRACHO
–A propósito del tema, en las últimas horas, fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol el alcalde del municipio de Toca Boyacá, Gilberto Alba Espitia.
La Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá detuvo al alcalde y sacerdote en un retén en la vía a Tunja y en principio el dirigente político se negó a la prueba de la alcoholemia.
Además se enfureció y agredió verbal y físicamente a uno de los policías, cuando se dispuso la inmovilización de la camioneta de uso oficial que conducía.
Gobierno colombiano pormete ley contra el racismo
El presidente Juan Manuel Santos, prometió en laconmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad que su Gobierno presentará en breve al Legislativo un proyecto legal en favor de la igualdad para la minoría negra.
El gobernante precisó que el llamado el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para la Población Afrocolombiana será dejado en manos del Congreso el próximo 20 de julio, cuando se iniciará una nueva legislativa anual.
La iniciativa «está ahora mismo en proceso de consulta previa», dijo Santos, que anunció la propuesta en un mensaje a los afrodescendientes de su país, que representan más del 10 por ciento de la población total de Colombia, que suma unos 45,5 millones.
«Queremos que Colombia sea un país libre de cualquier tipo de discriminación, y queremos garantizar un trato igualitario para los afrocolombianos y para todas las comunidades», sostuvo el presidente tras admitir que «el país está en deuda con su población afro».
«En estos cuatro años (de Gobierno, 2010-2014) vamos a hacer todos los esfuerzos para generar un cambio», prosiguió Santos.
En su mensaje, el gobernante admitió que la minoría étnica está afectada por altos niveles de pobreza, falta de oportunidades, analfabetismo y desplazamiento, entre otros problemas.
Son «aspectos sobre los que debemos trabajar para alcanzar la meta de la prosperidad para todos», señaló Santos, para quien los esfuerzos institucionales para superarlos «no han sido suficientes».
El país instituyó el Día Nacional de la Afrocolombianidad, por una ley de 2001, para recordar la misma fecha de 1851 en la que el entonces presidente José Hilario López firmó la abolición de la esclavitud.
Presidente Juan Manuel Santos sanciona ley que reforma al Estado
A partir de este sábado y por los próximos seis meses, el presidente Juan Manuel Santos tendrá facultades extraordinarias para reformar las entidades públicas y dividir tres ministerios.
Con la sanción y expedición de la ley que reforma al Estado, el Gobierno tiene un plazo hasta noviembre para crear 3 nuevos ministerios.
El nuevo Ministerio de Justicia se encargará de las relaciones directas con la rama judicial, así como la implementación de medidas para acelerar los procesos judiciales que llevan a cabo las superintendencias de servicios al usuario.
El Ministerio de Ambiente, se encargará, junto con el de Vivienda, de conformar el desarrollo territorial teniendo en cuenta el cambio ambiental del país luego de la ola invernal.
El Ministerio de Trabajo será responsable de las estrategias para la creación permanente de empleo estable bajo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo.
Así mismo podrá reestructurar o suprimir entidades estatales.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha anunciado la reforma al Inpec, Invías, la dirección de Estupefacientes y el DAS.
Así mismo, la ley destaca la creación de la agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación que estará adscrita al Ministerio de Justicia y se encargará de “la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación”.
Acuerdan suspender la condena de la mujer que mató al violador de su hija
La Audiencia de Alicante ha acordado estimar la solicitud de la suspensión de la condena impuesta a la mujer de Benejúzar que mató -tras rociarle con gasolina y prenderle fuego- al violador de su hija, cuando ésta tenía 13 años, según han informado hoy a Efe fuentes judiciales.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, ha tomado esa decisión en tanto se tramita la petición de indulto para la mujer, formulada por su abogado ante el Ministerio de Justicia.
El tribunal basa su resolución en las circunstancias personales de la mujer, que está en libertad provisional, al señalar que «mantiene una vida ajena al delito en la actualidad», «carece de antecedentes policiales y penales», y ha de «atender a la familia, en concreto a su esposo, que padece una grave enfermedad desde hace años».
También considera que «un ingreso en prisión puede tener indeseados efectos en el curso evolutivo del tratamiento médico que la penada sigue para su enfermedad mental».
La Audiencia de Alicante sostiene que se produce en este caso la concurrencia de «motivos excepcionales» para la concesión de la suspensión de la condena al amparo del artículo 4.4 del Código Penal y aduce que el ministerio fiscal no se opone a esa medida.
La mujer, María del Carmen G., fue condenada en julio de 2009 por la Audiencia alicantina a 9 años y medio por el crimen, aunque un año después el Tribunal Supremo rebajó la pena hasta 5 años y medio al aplicarle la eximente incompleta de trastorno mental transitorio.
Destituyen e inhabilitan al ex senador santandereano Alirio Villamizar
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, destituyó e inhabilitó por 15 años al senador de la República para el periodo 2006-2010, Alirio Villamizar Afanador, tras hallarlo responsable disciplinariamente por concusión y enriquecimiento ilícito derivado del escándalo de las notarias.
El Jefe del Ministerio Público determinó que el dirigente político incurrió en abusó de su investidura al solicitarle a Luz Yanet Rojas Portilla contraprestación en dinero por su nombramiento cono Notaria 11 de Bucaramanga.
Así mismo, se comprobó que en su calidad de Senador de la República, Villamizar Afanador incrementó injustificadamente su patrimonio en un monto de mil 294.820.000, entre los años 2006 a 2009.
Advierte además que el señor Villamizar Afanador solicitó a la doctora Luz Yaneth Rojas Portilla, una suma de dinero a cambio de dicho nombramiento y en consecuencia, ella accedió al cargo a partir de este acuerdo el cual, según indicó, “le demandó entregarle parte de las utilidades de su ejercicio, garantizar ese pago mediante una letra de cambio firmada en blanco y permitirle un control financiero”.
La Procuraduría indicó que contra esta decisión procede el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación personal o por edicto.
Por estos hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Villamizar a nueve años y medio de prisión, que en la actualidad purga en la cárcel Picota.
Uribe no acude a declarar y le acusan de creerse «por encima de la ley»
El ex presidente Álvaro Uribe no acudió hoy a declarar en un caso contra la compañía minera Drummond por su presunta colaboración con grupos paramilitares colombianos, informó hoy el abogado de los demandantes, que acusó al ex gobernante de creer que está «por encima de la ley».
Uribe, que se encuentra hoy en Honduras, donde se reunió con el presidente de ese país, Porfirio Lobo, fue «notificado adecuadamente» de la citación para hoy, aseguró a Efe el abogado Terrence Collingsworth, del despacho Conrad & Scherer, que representa a familiares de víctimas de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar.
Según los demandantes, Uribe tiene «conocimiento directo» de varios asuntos «clave» en el caso, incluyendo el alcance del apoyo militar para «proteger las instalaciones mineras de Drummond en Colombia», y la presunta relación y el nivel de cooperación entre fuerzas militares y las AUC, que se desmovilizaron en 2006.
El tribunal federal del Distrito de Columbia emitió el 26 de octubre una orden de comparecencia, que el despacho de abogados le hizo llegar el pasado 3 de noviembre a Uribe a la Universidad de Georgetown, donde dicta clases.
Según Collingsworth, Uribe no aceptó en mano la citación y el portador del documento lo arrojó a sus pies. En EE.UU. basta con hacer contacto físico para que la notificación sea válida, recordó.
Además, el abogado de Uribe, Gregory Craig, contactó a Collingsworth para decirle que pensaba que el ex presidente tenía «inmunidad soberana».
El ex mandatario y su abogado «actúan como si el señor Uribe estuviera por encima de la ley», opinó Collingsworth.
Craig, que ha sido asesor de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, del ex presidente Bill Clinton y del presidente Barack Obama, y ha representado a varias personalidades en importantes casos, no contestó hasta ahora a la petición de que ofrezca su versión sobre la decisión de Uribe de no comparecer hoy.
Collingsworth opinó que un ex jefe de Estado «no tiene inmunidad» y que las normas requieren que su defensa registre una moción para tratar de anular la citación o «proteger» a su cliente.
Al no comparecer hoy, Uribe ha violado los términos de la citación y este despacho exigirá al tribunal que le ordene comparecer, De lo contrario, podría afrontar sanciones por desacato, advirtió.
Según Collingsworth, llegó proponerle al abogado de Uribe que fijara otra fecha para la comparecencia, pero no recibió «respuesta a esta invitación».
«Entonces, ellos están actuando como si el señor Uribe estuviera por encima de la ley. Y no lo está, no en nuestro sistema» legal, recalcó Collingsworth.
«Realmente no me impresiona el hecho de que el señor Uribe haya sido presidente de Colombia, gracias a Dios en nuestro sistema uno no está por encima de la ley porque es un ex político», enfatizó, al recordar la citación que recibió Bill Clinton por el caso Lewinsky.
En la cita de hoy, Collingsworth quería preguntar a Uribe por varios asuntos relacionados con el caso Drummond, que lleva un tribunal en Alabama.
Según el abogado, quería que Uribe, presidente desde 2002 hasta agosto de 2010, le dijera si como comandante en jefe supo de una presunta colaboración entre los paramilitares y la empresa.
Por otro lado, el abogado dice disponer de «buena información» que indica que el Gobierno de Uribe «hizo algunos favores» a la minera.
Por último, el despacho de abogados quiere que Uribe declare cuál era su participación en la creación de las AUC cuando era gobernador de Antioquia 1995-1997). «Nunca contestó a estas preguntas», dijo.
Santos sanciona ley que autoriza práctica gratuita de ligadura de trompas y vasectomía
Gracias a la ley número 1412 del 19 de octubre de 2010, se garantiza a partir de la fecha y de manera gratuita la práctica de la vasectomía o ligadura de trompas, como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable.
De acuerdo con la norma, el sistema de Seguridad Social en Salud será el encargado de cubrir estas prácticas quirúrgicas a todos los sectores de la población que lo soliciten.
Las instituciones Prestadoras de Salud (IPS), públicas o privadas, que atiendan a la población que no se encuentre afiliada a ninguno de los dos regímenes de salud (subsidiado o contributivo), realizarán los recobros a la subcuenta de prevención y promoción del Fosyga.
Las personas que deseen realizarse esas prácticas quirúrgicas deberán solicitarlo por escrito a la respectiva entidad.
Los médicos que realicen el procedimiento están en la obligación de informar a los pacientes sobre la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud, así como las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos.
La Ley 1412 consigna que en ningún caso se podrá adelantar estos procedimientos a menores de edad. En el caso de discapacitados mentales, la solicitud y el consentimiento serán suscritos por el respectivo representante legal, previa autorización judicial.
Las personas que se practiquen estos procedimientos tendrán derecho a incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestos por el médico tratante, garantizando la recuperación del paciente.
Las secretarías locales de salud llevarán el registro del número de procedimientos que se practiquen, cifras que serán remitidas al Ministerio de Protección Social, para llevar un consolidado nacional.
El contenido de la Ley será divulgado de manera constante por los miembros de comunicación del Estado, tanto por el Gobierno Nacional, como por las administraciones locales.
A través del Ministerio de la Protección Social, las secretarías de salud territoriales y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes subsidiado y contributivo, entregarán información detallada sobre el procedimiento quirúrgico, mostrando sus beneficios y características.
Definiciones
La ligadura de trompas es la operación consistente en ligar las Trompas de Falopio, las cuales son cortadas y selladas para evitar que el esperma llegue al óvulo.
La vasectomía es la operación dirigida a cortar y ligar los vasos o conductos deferentes para obstruir el círculo y paso normal de los espermatozoides.
Jueza de EE.UU. bloquea partes claves de la ley de inmigración de Arizona
La jueza federal de Estados Unidos Susan Bolton ordenó hoy el bloqueo de las partes más polémicas de la ley de inmigración de Arizona, que convierte en delito ser inmigrante ilegal y que debe entrar en vigor mañana, jueves.
La decisión de la jueza representa una gran victoria para los críticos de la ley, que tiene pendientes siete demandas en contra, entre ellas una del propio Gobierno de EE.UU.
Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.
En la orden de la jueza Bolton se indica que «hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley».
«Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer», añade el dictamen de la jueza.
La medida entrará en vigor mañana, como está previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, quedó promulgada por la gobernadora Jay Brewer el pasado abril.
Sus críticos alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos.
En todo EE.UU. se considera que residen doce millones de indocumentados.
Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070.
Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes pasado cifraba en el 60 por ciento el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley.
El Departamento de Justicia había apelado contra la demanda, al alegar que los estados no pueden usurpar la potestad federal de dictar la política migratoria. EFE
Jueza de EE.UU. bloquea partes claves de la ley de inmigración de Arizona
Phoenix (EE.UU.), 28 jul (EFE).- La jueza federal de Estados Unidos Susan Bolton ordenó hoy el bloqueo de las partes más polémicas de la ley de inmigración de Arizona, que convierte en delito ser inmigrante ilegal y que debe entrar en vigor mañana, jueves.
La decisión de la jueza representa una gran victoria para los críticos de la ley, que tiene pendientes siete demandas en contra, entre ellas una del propio Gobierno de EE.UU.
Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.
En la orden de la jueza Bolton se indica que «hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley».
«Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer», añade el dictamen de la jueza.
La medida entrará en vigor mañana, como está previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, quedó promulgada por la gobernadora Jay Brewer el pasado abril.
Sus críticos alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos.
En todo EE.UU. se considera que residen doce millones de indocumentados.
Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070.
Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes pasado cifraba en el 60 por ciento el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley.
El Departamento de Justicia había apelado contra la demanda, al alegar que los estados no pueden usurpar la potestad federal de dictar la política migratoria. EFE
Ley permitió desmovilización de 53.037 personas y conocer 40.455 crímenes
Un estudio de la oficina del Comisionado para la Paz de Colombia, Frank Pearl, señaló que en el marco de la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se desmovilizaron los grupos paramilitares, se han dado a conocer 40.455 hechos de violencia y se han desmovilizado 53.037 combatientes.
El informe titulado «Buscando un equilibrio entre la justicia y la paz» y conocido hoy por Efe es un análisis de los avances y perspectivas de esa ley bajo la que los escuadrones paramilitares negociaron la paz entre 2003 y 2006.
En los últimos cinco años, un total de 40.455 hechos de violencia se descubrieron por testimonios de los paramilitares que se acogieron a esa Ley de Justicia y Paz y entre agosto de 2002 y abril de este año se han desmovilizado 53.037 personas pertenecientes a grupos paramilitares y guerrilleros.
De ese total, «un 60 por ciento fueron producto de acuerdos de paz» entre el Gobierno del presidente Álvaro Uribe y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El estudio indicó que en total han sido exhumadas 2.679 fosas en las que se encontraron 3.131 cadáveres, de los cuales han sido identificados 1.046 por pruebas de ADN.
Además, se determinó que en los últimos cinco años un total de 281.661 personas se registraron ante la Fiscalía como víctimas de la violencia en Colombia.
La Ley de Justicia y Paz también permitió en ese lapso que cerca de 500 dirigentes políticos y servidores públicos fueran investigados por nexos con los paramilitares o con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Pearl agregó que esa norma «ha tenido dificultades en su implementación» y su vigencia en el tiempo no está clara.
«Los delitos cometidos con posterioridad al 25 junio del 2005, de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no están incluidos», dijo Pearl al diario El Tiempo.
Sin embargo, el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, señaló que los resultados de la Ley de Justicia y Paz «siguen siendo profundamente insatisfactorios».
«No han sido juzgados los responsables intelectuales de los grupos paramilitares, que son, sin dudas, altos dirigentes políticos, empresariales y altos mandos militares», afirmó el activista.
Congreso aprueba ley Fanny Mickey que concede regalías a los artistas
La Ley Fanny Mikey, que busca proteger las regalías y derechos patrimoniales de los actores de telenovelas que luego son vendidas y retransmitidas tanto en Colombia como en el exterior, pasó hoy a sanción presidencial, luego de ser aprobada por el Congreso.
El senador Luis Fernando Velasco, ponente de la iniciativa, dijo que es un reconocimiento patrimonial a los derechos de autor porque los artistas cuando actúan dejan mas que su memoria en el papel, ponen su espíritu, su preparación y su vida.
La iniciativa original fue de la representante Karime Mota, del partido de la U, quien afirma que los artistas deben tener derecho a remuneraciones adicionales cada vez que se emita alguna de las obras en que participen.
A la idea se opone la mayoría de productoras y comercializadoras de TV, que argumentan que al tener que pagarles más a los artistas por el “rubro de comunicación pública”, terminarán bajándoles los sueldos.
Luis Carlos Galán será el nuevo nombre del aeropuerto de Bogotá
La Corte Constitucional dejó vigente la ley que cambia el nombre del aeropuerto El Dorado, por el de Aeropuerto Internacional Luis Carlos Galán Sarmiento.
Así lo determinó la Corte Constitucional, al declarar sin fundamentos las objeciones presidenciales en las que se señalaban múltiples inconveniencias de tipo logístico y de costos al implementar esta ley.
El cambio de nombre se da por la vigencia de la ley que rinde honores a la memoria del caudillo liberal Luis Carlos Galán por el vigésimo aniversario de su fallecimiento.
Esta determinación se tomó con una votación de siete magistrados a favor y uno en contra.
Según la sentencia, el Presidente de la República está obligado a firmar esta ley, que será de obligatorio cumplimiento.
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